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Expediente Nº: PS/00420/2021
RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO
VOLUNTARIO
Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base
a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 18 de abril de 2022, la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (en adelante, la parte reclamada), mediante el Acuerdo
que se transcribe:
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Expediente Nº: PS/00420/2021
ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y en
base a los siguientes
HECHOS
PRIMERO: A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 1 de mayo de 2021
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. con CIF
A48265169 (en adelante, el BBVA). Los motivos en que basa la reclamación son los
siguientes:
En fecha 7 de enero de 2021, una persona desconocida para ella, realizó en un cajero
de la entidad reclamada un ingreso en concepto de alquiler de un piso que la parte
reclamante tiene alquilado. Al no facilitar el cajero ningún documento acreditativo del
ingreso, dicho tercero se dirigió a una persona de la oficina que le hizo entrega de un
documento donde constaba el saldo de la cuenta de la parte reclamante. A raíz de lo
ocurrido contacta con la oficina y le piden disculpas por el error. Presenta reclamación
por escrito ante la entidad, en fecha 18 de enero de 2021 y recibe respuesta, en fecha
10 de febrero de 2021, indicando que, tras iniciar las averiguaciones pertinentes para
aclarar los hechos, adoptaron las medidas oportunas, y que les consta que los
responsables de la oficina afectada le trasladaron sus disculpas por lo ocurrido.
Junto a la notificación aporta documento justificativo del ingreso efectuado, donde
consta el saldo de la cuenta, con sello de la oficina de fecha 07 de enero de 2021,
escrito de reclamación y respuesta de la entidad reclamada.
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SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a BBVA para que
procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las
acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de
protección de datos.
El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 02/06/2021 como consta en el
acuse de recibo que obra en el expediente.
Con fecha 13/07/2021 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta indicando:
“El pasado 7 de enero una persona acudió a la oficina ***OFICINA.1 de BBVA para
hacer un ingreso en efectivo en la cuenta de la Sra. A.A.A. en concepto <<alquiler
enero XXXXXXXXX>>. Como el cajero automático no podía expedir el justificante de
la operación en formato papel, dicha persona acudió al puesto de caja y el empleado
de BBVA le entrego, por error, un documento justificativo del ingreso donde, además,
aparecía el saldo en cuenta de la Sra. A.A.A..
Es cierto que el empleado de caja de la oficina ***OFICINA.1 de BBVA cometió un
error puntual y humano al no suprimir el importe del saldo de la cuenta de la Sra.
A.A.A.. BBVA lamenta el error e informa a esta Agencia que en el mismo momento en
que la Sra. A.A.A. se puso en contacto con la oficina para pedir explicaciones por lo
sucedido se disculpó por ello, no pudiendo hacer más que volver a reiterar sus
disculpas por escrito 8/6/2021”
Con la respuesta, BBVA aporta un documento, dirigido a la parte reclamante, en el que
exponen que lamentan el error, le piden disculpas, y le comunican que han tomado
medidas para que no vuelva a suceder.
TERCERO: Con fecha 1 de agosto de 2021, de conformidad con el artículo 65 de la
LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Competencia
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) reconoce a cada autoridad de control, y según lo
establecido en los artículos 47 y 48 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia
Española de Protección de Datos es competente para iniciar y resolver este
procedimiento.
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II
Cuestiones previas
El artículo 4 apartado 12 del RGPD define, de un modo amplio, las “violaciones de
seguridad de los datos personales” (en adelante brecha de seguridad) como “todas
aquellas violaciones de la seguridad que ocasionen la destrucción, pérdida o alteración
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra
forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.”
En el presente caso, consta una brecha de seguridad de datos personales en las
circunstancias arriba indicadas, categorizada como una brecha de confidencialidad, al
haberse facilitado a una tercera persona, ajena a la parte reclamante, el saldo de su
cuenta bancaria.
Hay que señalar que la identificación de una brecha de seguridad no implica la
imposición de una sanción de forma directa por esta Agencia, ya que es necesario
analizar la diligencia de responsables y encargados y las medidas de seguridad
aplicadas.
Dentro de los principios del tratamiento previstos en el artículo 5 del RGPD, la
integridad y confidencialidad de los datos personales se garantiza en el apartado 1.f)
del artículo 5 del RGPD. Por su parte, la seguridad de los datos personales viene
regulada en los artículos 32, 33 y 34 del RGPD, que reglamentan la seguridad del
tratamiento, la notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a
la autoridad de control, así como la comunicación al interesado, respectivamente.
III
Artículo 5.1.f) del RGPD
El artículo 5.1.f) “Principios relativos al tratamiento” del RGPD establece:
“1. Los datos personales serán:
(…)
f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o
ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación
de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y
confidencialidad»).”
En el presente caso, consta que los datos personales de la parte reclamante, obrantes
en la base de datos de BBVA, fueron indebidamente expuestos a un tercero, ya que al
facilitarle el documento requerido, justificante del ingreso realizado en cuenta, se le
facilitó, asimismo, el saldo de la cuenta, de la cual era titular la parte reclamante, dato
que debería haberse suprimido o anonimizado.
De conformidad con las evidencias de las que se dispone en este acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, se considera que los hechos conocidos podrían ser constitutivos de una
infracción, imputable a BBVA, por vulneración del artículo 5.1.f) del RGPD.
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IV
Tipificación de la infracción del artículo 5.1.f) del RGPD
De confirmarse, la citada infracción del artículo 5.1.f) del RGPD podría suponer la
comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 83.5 del RGPD que bajo la
rúbrica “Condiciones generales para la imposición de multas administrativas” dispone:
“Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el
apartado 2, con multas administrativas de 20 000 000 EUR como máximo o,
tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del
volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por
la de mayor cuantía:
a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el
consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9; (…)”
A este respecto, la LOPDGDD, en su artículo 71 “Infracciones” establece que
“Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4,
5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten
contrarias a la presente ley orgánica”.
A efectos del plazo de prescripción, el artículo 72 “Infracciones consideradas muy
graves” de la LOPDGDD indica:
“1. En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se
consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan
una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las
siguientes:
a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías
establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679. (…)”
V
Sanción por la infracción del artículo 5.1.f) del RGPD
A efectos de decidir sobre la imposición de una multa administrativa y su cuantía, de
conformidad con las evidencias de que se dispone en el presente momento de
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, se considera que la infracción en cuestión es grave a los efectos del
RGPD y que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los siguientes
criterios que establece el artículo 83.2 del RGPD:
Como agravantes:
-El grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento,
habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en
virtud de los artículos 25 y 32. Art. 83.2.d).
BBVA, como responsable del tratamiento, tiene que implementar medidas
adecuadas para evitar la exposición de datos personales a terceros no
autorizados. Dado que en el presente caso se ha producido una brecha de
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confidencialidad, cabe suponer que no se habían adoptado medidas
apropiadas.
Asimismo, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los
siguientes criterios que establece el apartado 2 del artículo 76 “Sanciones y medidas
correctivas” de la LOPDGDD:
Como agravantes:
-La vinculación de la actividad del infractor con la realización de
tratamientos de datos personales. (Art. 76.2.b).
La actividad de BBVA, entidad financiera, y el elevado número de clientes
con el que cuenta, conlleva el manejo de un gran número de datos
personales. Ello implica que tienen experiencia suficiente y deberían contar
con el adecuado conocimiento para el tratamiento de dichos datos.
El balance de las circunstancias contempladas en el artículo 83.2 del RGPD y el
artículo 76.2 de la LOPDGDD, con respecto a la infracción cometida al vulnerar lo
establecido en el artículo 5.1.f) del RGPD, permite fijar inicialmente una sanción de
50.000 € (cincuenta mil euros).
VI
Artículo 32 del RGPD
El Artículo 32 “Seguridad del tratamiento” del RGPD establece:
“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,
que en su caso incluya, entre otros:
a)la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b)la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c)la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
d)un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia
de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en
cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos.
3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un
mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento
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para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del
presente artículo.
4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que
cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y
tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo
instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros”.
En el presente caso, en el momento de producirse la brecha, BBVA no contaba con
medidas adecuadas, técnicas y organizativas, para impedir que el saldo de la cuenta
bancaria de la parte reclamante quedase a la vista de quien solicitó un justificante del
ingreso realizado en dicha cuenta, dato que en ningún caso debería haberse facilitado.
De conformidad con las evidencias de las que se dispone en este acuerdo de
iniciación del procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, se considera que los hechos conocidos podrían ser constitutivos de una
infracción, imputable a BBVA, por vulneración del artículo 32 del RGPD.
VII
Tipificación de la infracción del artículo 32 del RGPD
De confirmarse, la citada infracción del artículo 32 del RGPD podría suponer la
comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 83.4 del RGPD que bajo la
rúbrica “Condiciones generales para la imposición de multas administrativas” dispone:
“Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el
apartado 2, con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o,
tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del
volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por
la de mayor cuantía:
a) las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8,
11, 25 a 39, 42 y 43; (…)”
A este respecto, la LOPDGDD, en su artículo 71 “Infracciones” establece que
“Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4,
5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten
contrarias a la presente ley orgánica”.
A efectos del plazo de prescripción, el artículo 73 “Infracciones consideradas graves”
de la LOPDGDD indica:
“En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se
consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una
vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las
siguientes:
(…)
f) La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que
resulten apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
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riesgo del tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 32.1 del
Reglamento (UE) 2016/679.
(…)
VIII
Sanción por la infracción del artículo 32 del RGPD
A efectos de decidir sobre la imposición de una multa administrativa y su cuantía, de
conformidad con las evidencias de que se dispone en el presente momento de
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción, se considera que la infracción en cuestión es grave a los efectos del
RGPD y que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los criterios que
establece el artículo 83.2 del RGPD:
Asimismo, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con los
siguientes criterios que establece el apartado 2 del artículo 76 “Sanciones y medidas
correctivas” de la LOPDGDD:
Como agravantes:
-La vinculación de la actividad del infractor con la realización de
tratamientos de datos personales. (Art. 76.2.b).
La actividad de BBVA, entidad financiera, y el elevado número de clientes
con el que cuenta, conlleva el manejo de un gran número de datos
personales. Ello implica que tienen experiencia suficiente y deberían contar
con el adecuado conocimiento para el tratamiento de dichos datos.
El balance de las circunstancias contempladas en el artículo 83.2 del RGPD y el
artículo 76.2 de la LOPDGDD, con respecto a la infracción cometida al vulnerar lo
establecido en el artículo 32 del RGPD, permite fijar inicialmente una sanción de
30.000€ (treinta mil euros).
IX
Imposición de medidas
Entre los poderes correctivos que dispone el artículo 58 “Poderes” del RGPD, en el
apartado 2.d) se establece que cada autoridad de control podrá “ordenar al
responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se
ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una
determinada manera y dentro de un plazo especificado…”.
La Agencia Española de Protección de Datos en la resolución que ponga fin al
presente procedimiento podrá ordenar la adopción de medidas, según lo establecido
en el artículo 58.2.d) del RGPD y de conformidad con lo que se derive de la instrucción
del procedimiento, si fuera preciso, de manera adicional a sancionar con una multa.
Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto, por la Directora de la Agencia
Española de Protección de Datos,
SE ACUERDA:
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PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR a BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., con CIF A48265169, por la presunta infracción del Artículo 5.1.f)
del RGPD y Artículo 32 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD y Artículo
83.4, respectivamente, del RGPD.
SEGUNDO: NOMBRAR como instructor a B.B.B. y, como secretario, a C.C.C.,
indicando que cualquiera de ellos podrá ser recusado, en su caso, conforme a lo
establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP).
TERCERO: INCORPORAR al expediente sancionador, a efectos probatorios, la
reclamación interpuesta por la parte reclamante y su documentación, así como los
documentos obtenidos y generados por la Subdirección General de Inspección de
Datos en las actuaciones previas al inicio del presente procedimiento sancionador.
CUARTO: QUE a los efectos previstos en el art. 64.2 b) de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
sanción que pudiera corresponder sería de 50.000 euros por la infracción del artículo
5.1.f) del RGPD, y de 30.000 euros por la infracción del artículo 32 del RGPD, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
QUINTO: NOTIFICAR el presente acuerdo a BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A., con CIF A48265169, otorgándole un plazo de audiencia de diez
días hábiles para que formule las alegaciones y presente las pruebas que considere
convenientes. En su escrito de alegaciones deberá facilitar su NIF y el número de
procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento.
Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el mismo
podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo
64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LPACAP, podrá reconocer su
responsabilidad dentro del plazo otorgado para la formulación de alegaciones al
presente acuerdo de inicio; lo que llevará aparejada una reducción de un 20% de la
sanción que proceda imponer en el presente procedimiento. Con la aplicación de esta
reducción, la sanción quedaría establecida en 40,000 euros para la infracción del
articulo 5.1.f) del RGPD, y 24.000 euros para la infracción del articulo 32 RGPD
(64.000 euros en total), resolviéndose el procedimiento con la imposición de esta
sanción.
Del mismo modo podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del presente
procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que
supondrá la reducción de un 20% de su importe. Con la aplicación de esta reducción,
la sanción quedaría establecida en 40000 euros para la infracción del artículo 5.1.f) del
RGPD, y 24.000 euros para la infracción del articulo 32 RGPD (64.000 euros en total),
y su pago implicará la terminación del procedimiento.
La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que corresponde
aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reconocimiento
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de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido para formular
alegaciones a la apertura del procedimiento. El pago voluntario de la cantidad referida
en el párrafo anterior podrá hacerse en cualquier momento anterior a la resolución. En
este caso, si procediera aplicar ambas reducciones, el importe de la sanción quedaría
establecido en 30.000 euros para la infracción del artículo 5.1.f) del RGPD, y 18.000
euros para la infracción del artículo 32 del RGPD, (48.000 euros en total).
En todo caso, la efectividad de cualquiera de las dos reducciones mencionadas estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
En caso de que optara por proceder al pago voluntario de cualquiera de las cantidades
señaladas anteriormente (64.000 euros o 48.000 euros), deberá hacerlo efectivo
mediante su ingreso en la cuenta nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000 abierta a
nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria
CAIXABANK, S.A., indicando en el concepto el número de referencia del
procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento y la causa de
reducción del importe a la que se acoge.
Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de
Inspección para continuar con el procedimiento en concordancia con la cantidad
ingresada.
El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la
fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio.
Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de
actuaciones; de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD.
Por último, se señala que conforme a lo establecido en el artículo 112.1 de la
LPACAP, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno.
935-150322
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
>>
SEGUNDO: En fecha 28 de abril de 2022, la parte reclamada ha procedido al pago de
la sanción en la cuantía de 48000 euros haciendo uso de las dos reducciones
previstas en el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el
reconocimiento de la responsabilidad.
TERCERO: El pago realizado, dentro del plazo concedido para formular alegaciones a
la apertura del procedimiento, conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción y el reconocimiento de responsabilidad en relación con
los hechos a los que se refiere el Acuerdo de Inicio.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679
(Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada
autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47 y 48.1 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver
este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “Los procedimientos
tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones
reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter
subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.”
II
El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), bajo la rúbrica
“Terminación en los procedimientos sancionadores” dispone lo siguiente:
“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la
improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el
órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos,
el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí.
Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación
del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado
reglamentariamente.”
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De acuerdo con lo señalado,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la terminación del procedimiento PS/00420/2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A..
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
936-240122
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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