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Expediente Nº: TD/00306/2019
1034-080719
RESOLUCIÓN Nº: R/00680/2019
Vista la reclamación formulada el 21 de mayo de 2019 ante esta Agencia por D.
A.A.A., contra PEPEMOBILE. S.L., por no haber sido debidamente atendido su
derecho de supresión.
Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el Título VIII de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), se han constatado los siguientes
HECHOS
PRIMERO: D. A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) plantea reclamación por una
supuesta suplantación de identidad y solicita a esta Agencia que PEPEMOBILE. S.L.
con NIF B85033470 (en adelante, el reclamado) suprima sus datos.
La parte reclamante aporta diversa documentación relativa a la reclamación
planteada ante esta Agencia y a consecuencia de una contratación fraudulenta solicita
la supresión de sus datos.
SEGUNDO: De conformidad con las funciones previstas en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD),
particularmente las que responden a los principios de transparencia y responsabilidad
proactiva por parte del responsable del tratamiento, se le ha requerido que informe a
esta Agencia de las acciones que se han llevado a cabo para atender la reclamación
planteada y transcurrido el tiempo establecido por esta Agencia no se ha recibo
respuesta.
.
TERCERO: Con fecha 16 de octubre de 2019, de conformidad con el artículo 65.4 de
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y a los efectos previstos en su artículo 64.2, la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó admitir a trámite la
reclamación presentada por la parte reclamante contra reclamado y se acuerda dar
traslado de la reclamación, para que en el plazo de quince días hábiles presente las
alegaciones que considere convenientes y se informa a las partes que el máximo para
resolver el procedimiento será de seis meses y transcurrido el tiempo establecido no
se ha recibo respuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 56 en
relación con el apartado 1 f) del artículo 57, ambos del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
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las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en lo sucesivo, RGPD); y en el artículo 47 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD).
SEGUNDO: El artículo 64.1 de la LOPDGDD, dispone que:
“1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de
una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se
adoptará conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar
desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de
admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar
estimada su reclamación.”
TERCERO: El artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,
General de Protección de Datos (RGPD), dispone lo siguiente:
“1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al
interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier
comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en
forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y
sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La
información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede,
por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá
facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por
otros medios.
2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus
derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el
artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del
interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22,
salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al
interesado.
3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus
actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y,
en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud.
Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en
cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al
interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la
recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el
interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se
facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado
solicite que se facilite de otro modo.
4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le
informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la
solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una
reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda
comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y
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34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas
o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del
tratamiento podrá:
a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados
para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
b) negarse a actuar respecto de la solicitud.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter
manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona
física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar
que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del
interesado.
7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos
13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan
proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una
adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se
presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente.
8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad
con el artículo 92 a fin de especificar la información que se ha de presentar a
través de iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.”
CUARTO: El artículo 12 de la LOPDGDD determina lo siguiente:
1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE)
2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o
voluntario.
2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los
medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los
medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del
derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro
medio.
3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de
ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el
contrato o acto jurídico que les vincule.
4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de
sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.
5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un
régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo
III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas.
6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre
y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran
corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica.
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7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del
tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE)
2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica.”
QUINTO: El artículo 17 del RGPD dispone que:
“1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable
del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual
estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los
que fueron recogidos o tratados de otro modo;
b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de
conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra
a), y este no se base en otro fundamento jurídico;
c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y
no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se
oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación
legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se
aplique al responsable del tratamiento;
f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de
la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.
2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de
lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del
tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su
aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a
informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la
solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales,
o cualquier copia o réplica de los mismos.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:
a) para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de
datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se
aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable;
c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad
con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;
d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la
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medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u
obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o
e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.”
SEXTO: En el supuesto aquí analizado, la parte reclamante mediante reclamación
interpuesta ante esta Agencia solicita que el responsable del tratamiento supriman sus
datos personales por una contratación fraudulenta y su solicitud no obtuvo respuesta.
Esta circunstancia no ha sido rebatida por el responsable del fichero y si bien
esta Agencia le dio traslado de la reclamación interpuesta en la forma prevista en el en
el apartado 1 del artículo 39 del RGPD, mediante escritos de fechas 22 de julio, 14 de
agosto y 22 de octubre de 2019 a través del Soporte del Servicio de Notificaciones
Electrónicas y Dirección Electrónica Habilitada y mediante notificación por correo
postal, rebasó, en exceso el plazo señalado sin recibir contestación; por tanto, debe
tenerse por incumplido el requerimiento, estimándose, en consecuencia que la entidad
opta por no formular objeciones a la reclamación de la parte reclamante, por lo que
esta Agencia procede a emitir opinión sobre la base de la reclamación y
documentación adjuntada por la parte reclamante.
Esta Agencia, de conformidad con las funciones previstas en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD),
particularmente las que responden al respeto, por parte del responsable del
tratamiento, de los principios de transparencia y responsabilidad proactiva, se ha
requerido a este que, informe de las acciones que se han llevado a cabo para atender
la reclamación planteada por la parte reclamante, sin que se haya recibido repuesta de
esa entidad.
Por consiguiente, conjugando la información obrante en el expediente con la
normativa referida en los apartados precedentes, procede estimar la reclamación
solicitada, al no constar que se haya atendido el derecho de supresión.
Por otra parte, con respecto a la reposición de los perjuicios solicitada, la parte
reclamante deberá dirigirse a los órganos de la jurisdicción ordinaria, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 82.1 y 6 en relación con el artículo 79.2 del RGPD , que
establece lo siguiente:
Artículo 79.2
2. Las acciones contra un responsable o encargado del tratamiento deberán
ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en el que el responsable o
encargado tenga un establecimiento. Alternativamente, tales acciones podrán
ejercitarse ante los tribunales del Estado miembro en que el interesado tenga su
residencia habitual, a menos que el responsable o el encargado sea una autoridad
pública de un Estado miembro que actúe en ejercicio de sus poderes públicos.
Artículo 82.1y 6
1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales
como consecuencia de una infracción del presente Reglamento tendrá derecho a
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recibir del responsable o el encargado del tratamiento una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos.
6. Las acciones judiciales en ejercicio del derecho a indemnización se presentarán
ante los tribunales competentes con arreglo al Derecho del Estado miembro que se
indica en el artículo 79, apartado 2.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: ESTIMAR la reclamación formulada por D. A.A.A. e instar a
PEPEMOBILE. S.L. con NIF B85033470, para que, en el plazo de los diez días hábiles
siguientes a la notificación de la presente resolución, remita a la parte reclamante
certificación en la que haga constar que ha atendido el derecho de supresión o se
deniegue motivadamente indicando las causas por las que no procede la supresión
solicitada. Las actuaciones realizadas como consecuencia de la presente Resolución
deberán ser comunicadas a esta Agencia en idéntico plazo. El incumplimiento de esta
resolución podría comportar la comisión de la infracción tipificada en el artículo 72.1.m)
de la LOPDGDD, que se sancionará, de acuerdo con el art. 58.2 del RGPD.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A. y a PEPEMOBILE. S.L..
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la
presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art.
48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la
LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
Mar España Martí
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