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Expediente Nº: TD/00054/2020
1037-100919
RESOLUCIÓN Nº: R/00319/2020
Vista la reclamación formulada ante esta Agencia por Dª. A.A.A., (a partir de
ahora la parte reclamante), contra CAIXABANK, S.A. (a partir de ahora la parte
reclamada), por no haber sido debidamente atendido su derecho de acceso.
Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el Título VIII de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), se han constatado los siguientes
HECHOS
PRIMERO: La reclamante ejerció derecho de acceso frente al reclamado con NIF
A08663619, sin que su solicitud haya recibido la contestación legalmente establecida.
La parte reclamante aporta diversa documentación relativa a la reclamación
planteada ante esta Agencia y sobre el ejercicio del derecho ejercitado.
Con fecha 3 de abril de 2018, ante la reclamación de derecho de acceso esta
Agencia resolvió:
“En relación con su reclamación de tutela de derechos presentada ante esta
Agencia referida a CAIXABANK, S.A., del análisis de la documentación aportada se
desprende que la misma no se refiere al ejercicio del derecho reconocido en el artículo
15.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), y desarrollado en el Reglamento de desarrollo de la LOPD,
aprobado mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
El derecho de acceso, según se concreta en el apartado 1 del artículo 27 del
citado Reglamento, es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus
propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del
tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible
sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los
mismos.
El apartado 3 del citado artículo especifica que este derecho es independiente
del que otorgan a los afectados las leyes especiales y, en particular, las leyes que
regulan el procedimiento administrativo.
Por otra parte, el artículo 29, en su apartado 3, aclara que la información que
debe proporcionar el responsable del fichero comprenderá todos los datos de base del
afectado, los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la
información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la
especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron los
datos.
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Así, el acceso a copia de determinados documentos u otras informaciones
asociadas a una relación negocial, laboral o administrativa no forma parte del
contenido del derecho de acceso regulado en la normativa de protección de datos,
quedando por tanto dicha cuestión fuera del ámbito competencial de esta Agencia.
Ello con independencia de que otra normativa ampare la obtención de dicha
documentación, debiendo el afectado dirigirse a las instancias competentes,
particularmente los órganos de consumo.
En consecuencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 18 y 37.1.d) de la
LOPD, se acuerda INADMITIR su reclamación.
SEGUNDO: Como consecuencia de la Inadmisión, reclama ante la Audiencia Nacional
que falla:
“…Que desestimando la causa de inadmisibilidad suscitada por la parte
codemandada, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la Procuradora de los Tribunales doña (…) en nombre y representación de DOÑA
A.A.A., contra la resolución de 7 de mayo de 2018 de la directora de la Agencia
Española de Protección de Datos, por la que se inadmite la reclamación de la actora
contra CaixaBank, S.A., recaída en el procedimiento de tutela derechos
TD/01002/2018, y declarar la nulidad de la citada resolución por no ser conforme a
derecho, acordando en su lugar, que por la Agencia Española de Protección de Datos
y respecto de la recurrente, proceda a la apertura de un procedimiento de tutela de
derechos contra CaixaBank S.A. con expresa imposición de las costas procesales a
las partes demandadas…”
Con este fallo se abre un procedimiento de tramitación de esta reclamación y se
da traslado al reclamado para que atienda el derecho.
TERCERO: De conformidad con las funciones previstas en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD), proactiva
por parte del responsable del tratamiento, se le ha requerido que informe a esta
Agencia de las acciones que se han llevado a cabo para atender la reclamación
planteada. En síntesis, se realizaron las siguientes alegaciones:
- El representante/Delegado de Protección de datos del reclamado
manifiesta en las alegaciones formuladas durante la tramitación del
presente procedimiento que, ya han atendido el derecho de acceso
solicitado tanto ahora como anteriormente en 2017. Aportan dos cartas
enviadas a la reclamante con este fin, es decir, atender el derecho de
acceso, una de 5 de diciembre de 2017 y otra, la actual de 7 de abril de
2020.
- La parte reclamante conocedora de las alegaciones del reclamado por el
traslado hecho por esta Agencia y, después de haber recibido el derecho
de acceso manifiesta en síntesis que, la información recibida es
insuficiente, irreal y que se ocultan datos.
“…Que NO estoy conforme con la información facilitada por CaixaBank en
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ejercicio a mi derecho de acceso de datos personales contenidos en sus
ficheros. Aporta en un folio unos datos que no concuerdan con la realidad,
por lo que, se lo inventan, y los datos, con los documentos que apoyen esa
supuesta autorización expresa, y esa contratación comercial, que se le ha
pedido reiteradamente, lo ocultan. Me imagino que lo hacen porque no lo
tienen. No tienen ningún documento que acredite las afirmaciones falsas
que reflejan en el folio que he recibido (…) que a fecha de hoy no han
cumplido con su obligación de facilitarme mi derecho de acceso. No aporta
los documentos que se le requirió, y los escasos datos sin documentos
que confirmen su realidad de que aportan que se reflejan en un folio no
corresponden con la realidad (…) CaixaBank SA se inventan las fechas de
alta, se inventan los productos, se inventan la numeración de esos
productos ficticios, y no aportan ningún documento que pruebe que se
contrató tales productos con ellos y no aportan las autorizaciones y
consentimientos para poder disponer y ceder mis datos que debe tener de
cada uno de esos supuestos productos que dicen que se han
contratado…”
- Desde esta Agencia, se enviaron las alegaciones de la reclamante al
reclamado sin que a fecha de resolución de esta reclamación hayan
manifestado nada al respecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 56 en
relación con el apartado 1 f) del artículo 57, ambos del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (en lo sucesivo, RGPD); y en el artículo 47 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD).
SEGUNDO: El artículo 64.1 de la LOPDGDD, dispone lo siguiente:
“1. Cuando el procedimiento se refiera exclusivamente a la falta de atención de
una solicitud de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento (UE) 2016/679, se iniciará por acuerdo de admisión a trámite, que se
adoptará conforme a lo establecido en el artículo siguiente.
En este caso el plazo para resolver el procedimiento será de seis meses a contar
desde la fecha en que hubiera sido notificado al reclamante el acuerdo de
admisión a trámite. Transcurrido ese plazo, el interesado podrá considerar
estimada su reclamación.”
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TERCERO: El artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,
General de Protección de Datos (RGPD), dispone que:
“1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar
al interesado toda información indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier
comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34 relativa al tratamiento, en forma
concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en
particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información
será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios
electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse
verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.
2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus
derechos en virtud de los artículos 15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11,
apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin
de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar
que no está en condiciones de identificar al interesado.
3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus
actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho
plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la
complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de
cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la
solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la
solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos
cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le
informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la
solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una
reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda
comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34
serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o
excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del
tratamiento podrá:
a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados
para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
b) negarse a actuar respecto de la solicitud.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter
manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del
tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física
que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21, podrá solicitar que se
facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos
13 y 14 podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan
proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada
visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato
electrónico serán legibles mecánicamente.
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8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con
el artículo 92 a fin de especificar la información que se ha de presentar a través de
iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.”
CUARTO: El artículo 15 del RGPD dispone que:
“1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento
confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal
caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:
a) los fines del tratamiento;
b) las categorías de datos personales de que se trate;
c) los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o
serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u
organizaciones internacionales;
d) de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de
no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión
de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al
interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;
f) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
g) cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier
información disponible sobre su origen;
h) la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a
que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información
significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias
previstas de dicho tratamiento para el interesado.
2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías
adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.
3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales
objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada
por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el
interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite
que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de
uso común.
4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará
negativamente a los derechos y libertades de otros.”
QUINTO: El artículo 13 de la LOPDGDD determina lo siguiente:
“1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y
este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte
de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el
afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la
solicitud.
2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento
facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos
personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales
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efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá
acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del
derecho.
No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a
los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se
incluyese en el sistema de acceso remoto.
3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se
podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión
durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un
coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho
afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo
será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin
dilaciones indebidas.”
SÉPTIMO: Antes de entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, hay que señalar
que el presente procedimiento se instruye como consecuencia de la denegación de
alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición) y tiene por objeto que se
adopten las medidas correspondientes para que las garantías y derechos del afectado
queden debidamente restauradas. Por ello, en el presente caso, sólo serán analizadas
y valoradas aquellas cuestiones planteadas por la parte reclamante que queden
incluidas dentro del objeto del citado procedimiento de reclamaciones en materia de
protección de datos.
El ejercicio del derecho de acceso, al igual que el resto de los derechos, es un
derecho personalísimo, consiste en el derecho que tiene el ciudadano a obtener
información sobre el tratamiento que se está haciendo de sus datos, la posibilidad de
obtener una copia de los datos personales que le conciernan y que estén siendo
objeto de tratamiento, así como información, en particular, sobre los fines del
tratamiento, las categorías de datos, los destinatarios, las posibles cesiones, el plazo
previsto de conservación, la posibilidad de ejercitar otros derechos, la información
disponible sobre el origen de los datos (si estos no se han obtenido directamente de
titular) o la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles,
sin que afecte a datos de terceros.
En el supuesto aquí analizado, la parte reclamante ejercitó su derecho de
acceso y la respuesta recibida considera que es incompleta y que falta a la realidad.
Desde esta Agencia se hace llegar esta circunstancia al reclamado para que complete
su respuesta o aclare lo planteado por la reclamante. A fecha de resolución de esta
reclamación no se ha aportado nada por la parte reclamada que plantee que el
derecho de acceso solicitado haya sido atendido en su totalidad.
En base a cuanto antecede, considerando que el presente procedimiento tiene
como objeto que las garantías y los derechos de los afectados queden debidamente
restaurados, conjugando la información obrante en el expediente con la normativa
referida en los apartados precedentes, procede estimar la presente reclamación, al
haberse emitido una respuesta incompleta.
Para finalizar, si existiese una controversia con el responsable del tratamiento
sobre cuestiones derivadas de la relación contractual, deben saber que la Agencia
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Española de Protección de Datos no es competente para dirimir cuestiones civiles,
tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la
cuantía de la deuda, la correcta prestación de los servicios contratados o la
interpretación de cláusulas contractuales. La determinación de las condiciones de la
prestación contractual o comercial, basada en una interpretación del contrato suscrito
entre las partes y de su correcta aplicación, deberá instarse ante los órganos
administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de la
Agencia.
Entre los órganos que dictan resoluciones vinculantes a esos efectos figuran
las Juntas Arbitrales de Consumo (siempre que el acreedor voluntariamente se someta
a ellas), la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones
(www.usuariosteleco.gob.es) o los órganos judiciales. No resultan vinculantes, entre
otras, las decisiones de las organizaciones de consumidores ni de las oficinas
municipales de consumo.
Por todo ello, procede estimar la reclamación que originó el presente
procedimiento.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: ESTIMAR la reclamación formulada por Dª. A.A.A. e instar a CAIXABANK,
S.A. con NIF A08663619, para que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la
notificación de la presente resolución, remita a la parte reclamante certificación en la
que haga constar que ha atendido el derecho de acceso ejercido por éste o se
deniegue motivadamente indicando las causas por las que no procede atender su
petición. Las actuaciones realizadas como consecuencia de la presente Resolución
deberán ser comunicadas a esta Agencia en idéntico plazo. El incumplimiento de esta
resolución podría comportar la comisión de la infracción considerada en el artículo
72.1.m) de la LOPDGDD, que se sancionará, de acuerdo con el art. 58.2 del RGPD.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª. A.A.A. y a CAIXABANK, S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la
presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art.
48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la
LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
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Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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