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Procedimiento Nº: PS/00215/2020
RESOLUCIÓN R/00589/2020 DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO
VOLUNTARIO
En el procedimiento sancionador PS/00215/2020, instruido por la Agencia Española de
Protección de Datos a B.B.B., vista la denuncia presentada por A.A.A., y en base a
los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 16 de octubre de 2020, la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a B.B.B. (en adelante,
el reclamado), mediante el Acuerdo que se transcribe:
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Procedimiento Nº: PS/00215/2020
935-200320
ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de
Datos y en base a los siguientes
HECHOS
PRIMERO: Don A.A.A. (*en adelante, el reclamante) con fecha 30 de abril de 2020
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra B.B.B. con NIF ***NIF.1 (en adelante, el reclamado). Los
motivos en que basa la reclamación son “presencia de cámaras de video-vigilancia ha-
cia espacio público, no orientadas hacia su propiedad particular” (folio nº 1).
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Junto a la reclamación aporta prueba documental (Anexo I) que acredita la
presencia de las cámara (s) en el exterior de la fachada orientadas hacia espacio
público.
SEGUNDO. En fecha 24/06/20 se recibe en esta Agencia escrito de alegaciones de la
parte denunciada alegando lo siguiente:
“La zona vigilada está informada mediante cartel informativo donde se
informa de la dirección de correo electrónico donde se puede pedir información de las
imágenes. Si bien cabe destacar que las imágenes no se almacenan ni se visualizan.
De hecho se ha tenido que instalar un monitor para captar la imagen y poderle ser
reportadas.
Las cámaras se han instalado para cubrir la zona de acceso a la vivienda y
nave industrial donde se alberga todo el material y herramientas de mi actividad
empresarial.
Se han instalado evitando exceder los límites marcados en la ley y evitando que los
infrarrojos de las cámaras hagan nula las imágenes saturando los blancos.
Como se ha indicado anteriormente, las imágenes no se almacenan no se
visualizan y la instalación de las cámaras además de eludir los robos se usa como
laboratorio de pruebas de la empresa para comprobar equipos. (Adjunto imagen de la
instalación)”.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autori-
dad de control, y según lo establecido en los artículos 47 y 48 de la LOPDGDD, la Di-
rectora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para iniciar y
para resolver este procedimiento.
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II
En el presente caso, se procede a examinar la reclamación de fecha 30/04/20 por me-
dio de la cual se traslada como hecho principal la “presencia de cámaras de video-vigi-
lancia hacia espacio público” (folio nº 1).
El art. 5.1 c) RGPD dispone lo siguiente: Los datos personales serán:
“adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados («minimización de datos»).
Cabe recordar que los particulares son responsables de velar por que los sistemas ins-
talados se ajusten a la legalidad vigente, acreditando que la misma cumpla con todos
los requisitos exigidos por la normativa en vigor.
La instalación de este tipo de dispositivos debe contar con el preceptivo cartel informa-
tivo, indicando los fines y responsable del tratamiento en su caso de los datos de ca-
rácter personal.
En todo caso, las cámaras deben estar orientadas preferentemente hacia el espacio
particular, evitando intimidar a vecinos colindantes con este tipo de dispositivos, así
como controlar zonas de tránsito de los mismos sin causa justificada.
Tampoco con este tipo de dispositivos se puede obtener imágen (es) de espacio públi-
co, al ser esta competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado.
Conviene recordar que aun el caso de tratarse de una cámara “simulada” la misma
debe estar orientada preferentemente hacia espacio privativo, dado que se considera
que este tipo de dispositivos pueden afectar a la intimidad de terceros, que se ven inti-
midados por la misma en la creencia de ser objeto de grabación permanente.
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Por parte de los particulares no se puede instalar aparatos de obtención de
imágenes de espacio público, fuera de los casos permitidos en la normativa.
III
De conformidad con las evidencias de las que se dispone en el presente mo-
mento de acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción, se considera que el reclamado dispone de un sistema de video-
vigilancia orientado hacia espacio público, afectando a los derechos de terceros sin
causa justificada.
En los fotogramas aportados por el denunciado (Anexo I) se constata la obten-
ción de imágenes del ancho de la acera pública, de manera que se observa inclusive
los coches aparcados en la vía pública, sin ningún tipo de enmascaramiento.
Los hechos conocidos podrían ser constitutivos de una infracción, imputable al
reclamado, por vulneración del contenido del artículo 5.1 c) RGPD, anteriormente
transcrito.
La instalación de videocámaras en lugares públicos, tanto fijas como móviles,
es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, rigiéndose el tra-
tamiento de dicha imágenes por su legislación específica, contenida en la Ley Orgáni-
ca 4/1997, de 4 de agosto, y su Reglamento de desarrollo, sin perjuicio de que les sea
aplicable, en su caso, lo especialmente previsto en el RGPD, en aspectos como la
adopción de las medidas de seguridad que resulten de la realización del análisis de
riesgos así como el registro de actividades de tratamientos.
Las cámaras de seguridad instaladas en espacios privados no podrán obtener
imágenes de los espacios públicos, la función de seguridad de los espacios públicos
corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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El art. 83.5 RGPD dispone lo siguiente: “Las infracciones de las disposiciones
siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas
de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equi-
valente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio fi-
nanciero anterior, optándose por la de mayor cuantía:
a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el
consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;
A la hora de motivar la sanción a imponer se tiene en cuenta lo siguiente:
- la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, al tratarse de un sistema
que permite obtener imágenes de espacio público, sin causa justificada, procediendo a
“tratar datos de terceros” (art. 83.2 a) RGPD).
- la intencionalidad o negligencia en la infracción (art. 83.2 b) RGPD).
Por todo ello, se considera acertado proponer una sanción inicial cifrada en la cuantía
de 2.000€ (Dos Mil Euros), sanción situada en la escala más baja para este tipo de in-
fracciones administrativas, dada la gravedad de los hechos descritos.
Todo ello sin perjuicio de acreditar la legalidad del sistema una vez haya adop-
tado las medidas correctoras que estime pertinente, para evitar la captación de espa-
cio público.
Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto,
Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,
SE ACUERDA:
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PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR al investigado B.B.B., con
NIF ***NIF.1, por la presunta infracción del art. 5.1 c) RGPD, infracción tipificada en el
art. 83.5 a) RGPD, siendo sancionable de conformidad con el artículo 58.2 RGPD.
SEGUNDO: NOMBRAR como instructor a C.C.C. y, como secretario, a D.D.D., indi-
cando que cualquiera de ellos podrá ser recusado, en su caso, conforme a lo estable-
cido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP).
TERCERO: INCORPORAR al expediente sancionador, a efectos probatorios, la recla-
mación interpuesta por el reclamante y su documentación, los documentos obtenidos y
generados por la Subdirección General de Inspección de Datos durante la fase de in-
vestigaciones, todos ellos parte del expediente administrativo.
CUARTO: QUE a los efectos previstos en el art. 64.2 b) de la ley 39/2015, de 1 de oc -
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
sanción que pudiera corresponder sería de 2.000€ (Dos Mil Euros), sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción.
SEXTO: NOTIFICAR el presente acuerdo a B.B.B., con NIF ***NIF.1, otorgándole un
plazo de audiencia de diez días hábiles para que formule las alegaciones y presente
las pruebas que considere convenientes. En su escrito de alegaciones deberá facilitar
su NIF y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este docu-
mento.
Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el
mismo podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el artí-
culo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LPACAP, en caso de
que la sanción a imponer fuese de multa, podrá reconocer su responsabilidad dentro
del plazo otorgado para la formulación de alegaciones al presente acuerdo de inicio; lo
que llevará aparejada una reducción de un 20% de la sanción que proceda imponer en
el presente procedimiento. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría
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establecida en 1600€, resolviéndose el procedimiento con la imposición de esta san-
ción.
Del mismo modo podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del pre-
sente procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que
supondrá la reducción de un 20% de su importe. Con la aplicación de esta reducción,
la sanción quedaría establecida en 1.600 euros y su pago implicará la terminación del
procedimiento.
La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que co-
rresponde aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reco-
nocimiento de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido
para formular alegaciones a la apertura del procedimiento. El pago voluntario de la
cantidad referida en el párrafo anterior podrá hacerse en cualquier momento anterior a
la resolución. En este caso, si procediera aplicar ambas reducciones, el importe de la
sanción quedaría establecido en 1.200 euros (Mil Doscientos Euros)
En todo caso, la efectividad de cualquiera de las dos reducciones mencionadas
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
En caso de que optara por proceder al pago voluntario de cualquiera de las cantidades
señaladas 1600€ ò 1200€, deberá hacerlo efectivo mediante su ingreso en la cuenta
nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000 abierta a nombre de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A., indicando en el concepto
el número de referencia del procedimiento que figura en el encabezamiento de este
documento y la causa de reducción del importe a la que se acoge.
Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de
Inspección para continuar con el procedimiento en concordancia con la cantidad ingre-
sada.
El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde
la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Trans -
currido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actua-
ciones; de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD.
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Por último, se señala que conforme a lo establecido en el artículo 112.1 de la
LPACAP, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno.
Mar España Martí
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SEGUNDO: En fecha 7 de noviembre de 2020, el reclamado ha procedido al pago de
la sanción en la cuantía de 1.200 euros haciendo uso de las dos reducciones
previstas en el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el
reconocimiento de la responsabilidad.
TERCERO: El pago realizado, dentro del plazo concedido para formular alegaciones a
la apertura del procedimiento, conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción y el reconocimiento de responsabilidad en relación con
los hechos a los que se refiere el Acuerdo de Inicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de
control, y según lo establecido en el art. 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
lo sucesivo LOPDGDD), la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
es competente para sancionar las infracciones que se cometan contra dicho
Reglamento; las infracciones del artículo 48 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84.3 de la LGT, y las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y
38.4 d), g) y h) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI), según dispone el artículo
43.1 de dicha Ley.
II
El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), bajo la rúbrica
“Terminación en los procedimientos sancionadores” dispone lo siguiente:
“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la
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improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el
órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos,
el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí.
Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación
del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado
reglamentariamente.
De acuerdo con lo señalado, la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la terminación del procedimiento PS/00215/2020, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a B.B.B..
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
936-031219
Mar España Martí
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