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936-031219
Procedimiento Nº: PS/00004/2020
RESOLUCIÓN R/00264/2020 DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO
VOLUNTARIO
En el procedimiento sancionador PS/00004/2020, instruido por la Agencia
Española de Protección de Datos a AUTO DESGUACES IGLESIAS, S.L., vista la
denuncia presentada por A.A.A., y en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 11 de marzo de 2020, la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a AUTO DESGUACES
IGLESIAS, S.L. (en adelante, el reclamado), mediante el Acuerdo que se transcribe:
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Procedimiento Nº: PS/00004/2020
935-240719
ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de
Datos y en base a los siguientes
HECHOS
PRIMERO: Don A.A.A. (en adelante, el reclamante) con fecha 21 de octubre de 2019
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra AUTO DESGUACES IGLESIAS, S.L. con NIF
B37026291 (en adelante, el reclamado). Los motivos en que basa la reclamación son
los siguientes:
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“Que existen diversas cámaras en el exterior del establecimiento incluso algu-
nas enfocando hacia la vía pública y en la recepción al cliente también, pudiendo in-
cumplir la normativa de protección de datos (…) sin estar señalizadas en modo alguno
…”—folio nº 1--.
Junto a la reclamación aporta prueba documental que acredita la presencia de
las cámaras exteriores (Anexo I).
SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados en la reclamación y de los documen-
tos aportados por el reclamante / de los hechos y documentos de los que ha tenido co-
nocimiento esta Agencia, la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a
la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los
hechos en cuestión, en virtud de los poderes de investigación otorgados a las autorida-
des de control en el artículo 57.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General
de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el
Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo
LOPDGDD).
Como resultado de las actuaciones de investigación practicadas, se constata
que el responsable del tratamiento es el reclamado.
TERCERO: En fecha 21/11/19 se procede a dar TRASLADO de la reclamación a la
entidad denunciada, recibiendo escrito de contestación en fecha 19/12/19.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autori-
dad de control, y según lo establecido en los artículos 47 y 48 de la LOPDGDD, la Di-
rectora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para iniciar y
para resolver este procedimiento.
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II
En el presente caso, se procede a examinar la reclamación de fecha 21/10/19 por me-
dio de la cual se traslada como hecho principal el siguiente:
“Que existen diversas cámaras en el exterior del establecimiento incluso algu-
nas enfocando hacia la vía pública y en la recepción al cliente también, pudiendo in-
cumplir la normativa de protección de datos (…) sin estar señalizadas en modo alguno
…”
En fecha 19/12/19 se recibe en esta Agencia escrito de reclamaciones de la
parte denunciada aportando copia del cartel informativo en zona visible, indicando el
responsable del tratamiento.
Analizadas las imágenes aportadas por el sistema de grabación, se constata
que algunas de las mismas obtienes imágenes de manera desproporcionada de la ca-
rretera pública colindante, excediendo del marco perimetral permitido para este tipo de
dispositivos.
Los particulares no pueden obtener imágenes de espacio público, al ser esta
una competencia reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado.
Hay que tener en cuenta que en el ámbito de la captación de imágenes de la
vía pública la ley establece una serie de limitaciones. El artículo 1 de la Ley Orgánica
4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugares públicos establece:
“La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerra-
dos, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana,
la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos,
así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la
seguridad pública”.
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III
De conformidad con las evidencias de las que se dispone en el presente mo-
mento de acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción, se considera que el reclamado dispone de un sistema de cáma-
ras que obtiene imágenes de espacio público sin causa justificada.
Los hechos conocidos podrían ser constitutivos de una infracción, imputable al
reclamado, por vulneración del art. 5.1 c) RGPD.
El art. 83.5 RGPD dispone lo siguiente: “Las infracciones de las disposiciones
siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas
de 20 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equi-
valente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio fi-
nanciero anterior, optándose por la de mayor cuantía:
a) los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el
consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;
A la hora de motivar la sanción, se tiene en cuenta que se trata de una peque-
ña empresa familiar, así como la colaboración previa con esta Agencia en el requeri-
miento efectuado, al margen que no ha sido sancionado previamente por este organis-
mo.
-A través de la misma se obtienen imágenes de espacio público anexo sin cau-
sa justificada, pudiendo ejercer un control de las personas y vehículos que transitan
por la zona (art. 83.2 a) RGPD).
-Se debió prever tras la denuncia presentada, que la cámara (s) estaba mal
orientada, por lo que la conducta se considera negligente en grado leve (art. 83.2 b)
RGPD).
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Por tanto, procede proponer una sanción situada en la escala más baja para este tipo
de infracciones por los motivos expuestos, cifrando la misma en la cuantía inicial de
1.500 € (Mil Quinientos Euros), sanción mínima para casos como el expuesto.
Todo ello sin perjuicio de proceder a reorientar la cámara en cuestión de mane-
ra que esté orientada de manera preferente hacia su propiedad particular o se reubi-
que para cumplir con su finalidad, pero respetando los derechos afectados.
Asimismo deberá disponer de formulario (s) informativo adaptado a la normati-
va en vigor, a disposición del cliente que pudiera requerirlo.
Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto,
Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,
SE ACUERDA:
PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR a la entidad AUTO
DESGUACES IGLESIAS, S.L., con NIF B37026291, por la presunta infracción del
art.5.1 c) RGPD, infracción tipificada en el artículo 83.5 a) RGPD.
SEGUNDO: NOMBRAR como instructor a B.B.B. y, como secretario, a C.C.C., indi-
cando que cualquiera de ellos podrá ser recusado, en su caso, conforme a lo estable-
cido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (LRJSP).
TERCERO: INCORPORAR al expediente sancionador, a efectos probatorios, la recla-
mación interpuesta por el reclamante y su documentación, los documentos obtenidos y
generados por la Subdirección General de Inspección de Datos durante la fase de in-
vestigaciones, así como el informe de actuaciones previas de Inspección.
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CUARTO: QUE a los efectos previstos en el art. 64.2 b) de la ley 39/2015, de 1 de oc -
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
sanción que pudiera corresponder sería de 1.500 € (Mil Quinientos Euros), sin perjui-
cio de lo que resulte de la instrucción.
QUINTO: NOTIFICAR el presente acuerdo a AUTO DESGUACES IGLESIAS, S.L.,
con NIF B37026291, otorgándole un plazo de audiencia de diez días hábiles para que
formule las alegaciones y presente las pruebas que considere convenientes. En su es-
crito de alegaciones deberá facilitar su NIF y el número de procedimiento que figura en
el encabezamiento de este documento.
Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el
mismo podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el artí-
culo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LPACAP, en caso de
que la sanción a imponer fuese de multa, podrá reconocer su responsabilidad dentro
del plazo otorgado para la formulación de alegaciones al presente acuerdo de inicio; lo
que llevará aparejada una reducción de un 20% de la sanción que proceda imponer en
el presente procedimiento. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría
establecida en 1.200 € (Mil Doscientos Euros), resolviéndose el procedimiento con la
imposición de esta sanción.
Del mismo modo podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del pre-
sente procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que
supondrá la reducción de un 20% de su importe. Con la aplicación de esta reducción,
la sanción quedaría establecida en 1.200 euros y su pago implicará la terminación del
procedimiento.
La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que co-
rresponde aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reco-
nocimiento de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido
para formular alegaciones a la apertura del procedimiento. El pago voluntario de la
cantidad referida en el párrafo anterior podrá hacerse en cualquier momento anterior a
la resolución. En este caso, si procediera aplicar ambas reducciones, el importe de la
sanción quedaría establecido en 900 euros.
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En todo caso, la efectividad de cualquiera de las dos reducciones mencionadas
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
En caso de que optara por proceder al pago voluntario de cualquiera de las
cantidades señaladas anteriormente 1.200 € ò 900 € deberá hacerlo efectivo mediante
su ingreso en la cuenta nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000 abierta a nombre de la
Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK, S.A., indicando
en el concepto el número de referencia del procedimiento que figura en el encabeza-
miento de este documento y la causa de reducción del importe a la que se acoge.
Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de
Inspección para continuar con el procedimiento en concordancia con la cantidad ingre-
sada.
El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde
la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio. Trans -
currido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actua-
ciones; de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD.
Por último, se señala que conforme a lo establecido en el artículo 112.1 de la
LPACAP, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno.
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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SEGUNDO: En fecha 4 de junio de 2020, el reclamado ha procedido al pago de la
sanción en la cuantía de 900 euros haciendo uso de las dos reducciones previstas en
el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el reconocimiento de la
responsabilidad.
TERCERO: El pago realizado, dentro del plazo concedido para formular alegaciones a
la apertura del procedimiento, conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción y el reconocimiento de responsabilidad en relación con
los hechos a los que se refiere el Acuerdo de Inicio.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de
control, y según lo establecido en el art. 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
lo sucesivo LOPDGDD), la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
es competente para sancionar las infracciones que se cometan contra dicho
Reglamento; las infracciones del artículo 48 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84.3 de la LGT, y las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y
38.4 d), g) y h) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI), según dispone el artículo
43.1 de dicha Ley.
II
El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), bajo la rúbrica
“Terminación en los procedimientos sancionadores” dispone lo siguiente:
“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción
que proceda.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa
imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado
la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,
el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al
menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables
entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de
iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o
renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado
reglamentariamente.
De acuerdo con lo señalado,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la terminación del procedimiento PS/00004/2020, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a AUTO DESGUACES IGLESIAS,
S.L.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
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Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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