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Expediente N.º: EXP202103746
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base
a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO: A.A.A. (*en adelante, la parte reclamante) con fecha 15 de septiembre de
2021 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La re-
clamación se dirige contra B.B.B. con NIF ***NIF.1 (en adelante, la parte reclamada).
Los motivos en que basa la reclamación son de manera sucinta los siguientes:
“...cuentan con cámaras de videovigilancia orientadas a la vía pública y espa-
cios privados ajenos, sin contar con autorización para ello” (folio nº 1).
Junto a la notificación se aporta prueba documental que acredita la presencia de seis
dispositivos de video-vigilancia (Anexo I).
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada en fe-
cha 26/10/21, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el pla-
zo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previs-
tos en la normativa de protección de datos.
La parte reclamada en fecha 13/12/21 contestó a esta Agencia confirmando la
presencia y operatividad de las cámaras (impresión cuatro monitores), argumentando
cuestiones civiles y como otros vecinos del inmueble disponen del mismo tipo de cá-
maras orientadas hacia zona pública.
TERCERO: Con fecha 15 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 65 de
la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante.
CUARTO: Con fecha 3 de marzo de 2022, la Directora de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante,
LPACAP), por la presunta infracción del Artículo 5.1.c) del RGPD, tipificada en el
Artículo 83.5 del RGPD.
QUINTO: Consultada la base de datos de esta Agencia consta notificado el Acuerdo
de Inicio en fecha 04/03/22, sin que contestación alguna se haya realizado por la parte
reclamada.
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SEXTO: En fecha 20/05/22 se emite “Propuesta de resolución” en la que se propone el
Archivo del presente procedimiento al no quedar acreditado que con el sistema de
cámaras objeto de reclamación se capte espacio público y/o privativo de terceros,
limitándose la captación a espacio privativo del reclamado (a), siendo la misma
notificada en tiempo y forma.
De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación
obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes:
HECHOS PROBADOS
Primero. Los hechos traen causa de la reclamación de fecha 15/09/21 por medio de la
cual se traslada a este organismo los siguientes hechos:
“...cuentan con cámaras de videovigilancia orientadas a la vía pública y espa-
cios privados ajenos, sin contar con autorización para ello” (folio nº 1).
Segundo. Consta identificado como principal responsable B.B.B., con ***NIF.1.
Tercero. Consta acreditada la disponibilidad de un sistema operativo de cámaras de vi-
deo-vigilancia si bien el mismo se circunscribe a su propiedad particular.
Cuarto. Consta acreditada la presencia de cartel informativo en la zona de acceso a la
vivienda del reclamado informando que se trata de una zona video-vigilada.
Quinto. No se ha constatado afectación a derecho de terceros o la captación de espa-
cio público.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Re-
glamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autori-
dad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver
este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “Los procedimientos trami-
tados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en
el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones regla-
mentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter sub-
sidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.”
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II
En el presente caso, se procede a examinar la reclamación presentada en este orga-
nismo, trasladando la presencia de un “sistema de video-vigilancia” que afecta según
manifiesta a zonas privativas sin contar con la debida autorización, pudiendo afectar a
zona pública sin causa justificada.
El artículo 5.1.c) del RGPD dispone que los datos personales serán «adecuados, perti-
nentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados
(“minimización de datos”).»
Cabe recordar que los particulares son responsables de velar por que los sistemas ins-
talados se ajusten a la legalidad vigente, acreditando que la misma cumpla con todos
los requisitos exigidos por la normativa en vigor.
La instalación de este tipo de dispositivos debe contar con el preceptivo cartel informa-
tivo, indicando los fines y responsable del tratamiento en su caso de los datos de ca-
rácter personal.
El artículo 22.4 de la LOPDGDD dispone que:
“El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE)
2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo
en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento,
la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispo-
sitivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información”.
En todo caso, las cámaras deben estar orientadas hacia el espacio particular, evitando
intimidar a vecinos colindantes con este tipo de dispositivos, así como controlar zonas
de tránsito de los mismos sin causa justificada.
Tampoco con este tipo de dispositivos se puede obtener imágenes de espacio público,
al ser esta competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Conviene recordar que aun en el caso de tratarse de una cámara “simulada” la misma
debe estar orientada preferentemente hacia espacio privativo, dado que se considera
que este tipo de dispositivos pueden afectar a la intimidad de terceros, que se ven inti-
midados por la misma en la creencia de ser objeto de grabación permanente.
Por parte de los particulares no se puede instalar aparatos de obtención de imágenes
de espacio público, fuera de los casos permitidos en la normativa.
III
De conformidad con las evidencias de las que se dispone en el presente procedimien-
to sancionador, se considera que la parte reclamada dispone de un sistema de
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cámaras que afectan en exclusiva a su propiedad particular, con independencia de
otros problemas que pudieran existir de naturaleza civil.
Las pruebas aportadas por la parte reclamada confirman la presencia de las
cámaras, si bien están debidamente señalizadas y se orientan en exclusiva a su
propiedad particular (Anexo I fotogramas), no apreciándose afectación de espacio
público sin causa justificada.
El resto de “problemas” entre las partes no entran dentro del marco
competencial de este organismo, debiendo ser dirimido en las instancias judiciales
oportunas., debiendo evitar instrumentalizar a esta Agencia para cuestiones más
propias del derecho civil que de la materia que nos ocupa.
IV
El principio de presunción de inocencia impide imputar una infracción administrativa
cuando no se haya obtenido y constatado una prueba de cargo acreditativa de los he-
chos que motivan la imputación o de la intervención en los mismos del presunto infrac-
tor. Aplicando el principio “in dubio pro reo” en caso de duda respecto de un hecho
concreto y determinado, que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más
favorable al interesado.
La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento
sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues
el ejercicio del ius puniendi en sus diversas manifestaciones está condicionado al
juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse
las propias posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia
76/1990, de 26/04, considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta:
“que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores
de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin
que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en
el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano
sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio.
La presunción de inocencia rige sin excepciones en el Ordenamiento sancionador y ha
de ser respetada en la imposición de cualquier sanción, ya sea penal o administrativa
(TCo 13/1981), pues el ejercicio del derecho sancionador en cualquiera de sus
manifestaciones, está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento
contradictorio en el que puedan defenderse las propia posiciones.
Conforme a este principio, no puede imponerse sanción alguna en razón de la
culpabilidad del imputado si no existe una actividad probatoria de cargo, que en la
apreciación de las autoridades u órganos llamados a resolver, destruya esta
presunción (TCo Auto 3-12-81).
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Todo ello sin perjuicio de que se pueda proceder en caso de estimarse necesario a
inspeccionar el sistema de cámaras instalados en caso de alteración de las actuales
circunstancias fácticas expuestas.
Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable, la Directora de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones al no haber queda-
do acreditada la comisión de infracción administrativa alguna en la materia que nos
ocupa.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a B.B.B..
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la
LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los inte-
resados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora
de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notifica-
ción de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.
938-050522
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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