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Procedimiento Nº: PS/00450/2019
938-300320
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y
en base a los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO: Dña. A.A.A. (en adelante, la reclamante) con fecha 14 de mayo de 2019
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra Xfera Móviles, S.A. con NIF A82528548 (en adelante, la
reclamada).
La reclamante manifiesta que, en fecha 14 de mayo de 2019, recibió una
llamada de un cliente de Masmovil que le exponía que dicha entidad le había cargado
en su cuenta bancaria una factura suya, y por lo tanto en ésta figuran sus datos
personales. Añade que se puso en contacto con la reclamada y ésta le manifiesto que
todo había sido motivado por un error.
Aporta la siguiente documentación: pantallazo (relativo al cargo efectuado el 10
de mayo de 2019) enviado por el tercero a la reclamante.
En el cargo aparece el nombre, apellidos, DNI y número de teléfono de la
reclamante
SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados en la reclamación y de los
documentos aportados por el reclamante y de los hechos y documentos de los que ha
tenido conocimiento esta Agencia, la Subdirección General de Inspección de Datos
procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el
esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de los poderes de investigación
otorgados a las autoridades de control en el artículo 57.1 del Reglamento (UE)
2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de
conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD).
Como resultado de las actuaciones de investigación practicadas, se constata
que el responsable del tratamiento es la reclamada.
Se pone en conocimiento de la parte reclamada la presente reclamación el 7 de
agosto de 2019, requiriéndole para que en el plazo de un mes remita a esta Agencia,
información sobre la respuesta dada al reclamante ante el ejercicio de los derechos
regulados en los artículos 15 a 22 del RGPD, las causas que han motivado la
incidencia que ha originado la reclamación y las medidas adoptadas para evitar que se
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produzcan incidencias similares, fechas de implantación y controles efectuados para
comprobar su eficacia.
Transcurrido el plazo dado no se ha obtenido respuesta por parte de la
reclamada.
TERCERO: Con fecha 24 de enero de 2020, al no haber recibido ningún tipo de
información al requerimiento realizado en el marco de las actuaciones previas de
investigación por parte de la entidad reclamada, la Directora de la Agencia Española
de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador contra Xfera Móviles,
S.A., en virtud de los poderes establecidos en el art. 58.2 del RGPD y en los art 47,
64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), por la infracción del
artículo 5.1 f) del RGPD, tipificada en el artículo 83.5 a) del RGPD y considerada muy
grave en el 72.1.a), a efectos de prescripción, y ordenar a Xfera Móviles S.A. , de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58.2 d) del RGPD, para que en el plazo de diez
días proceda a ordenar al responsable o encargado del tratamiento, que las
operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del RGPD, fijando una
sanción inicial de 70.000 euros (setenta mil euros).
CUARTO: El acuerdo de inicio del procedimiento sancionador se remitió por medio de
notificación electrónica, Notific@, en fecha 3 de febrero de 2020, resultando Expirada
diez días más tarde.
QUINTO: Notificado formalmente el acuerdo de inicio, la reclamada al tiempo de la
presente resolución no ha presentado escrito de alegaciones, por lo que es de
aplicación lo señalado en el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que en su
apartado f) establece que en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto
sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, por lo que se procede a dictar Resolución.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO: La reclamante el 14 de mayo de 2019, recibió una llamada de un cliente de
Masmovil que le exponía que dicha entidad le había cargado en su cuenta bancaria
una factura suya, y por lo tanto en ésta figuran sus datos personales, y que se puso en
contacto con la reclamada y ésta le manifiesto que todo había sido motivado por un
error.
SEGUNDO: Consta en el expediente pantallazo (relativo al cargo efectuado el 10 de
mayo de 2019) enviado por el tercero a la reclamante.
En el cargo aparece el nombre, apellidos, DNI y número de teléfono de la
reclamante
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TERCERO: Con fecha 7 de agosto de 2019, se pone en conocimiento de la reclamada
la presente reclamación, por medio de notificación electrónica, Notific@, resultando
aceptada el día 14 del mismo mes y año, no contestando a este requerimiento.
CUARTO: El 24 de enero de 2020, se inició este procedimiento sancionador por la
infracción del artículo 5.1 f) del RGPD (integridad y confidencialidad), siendo
notificado. No habiendo presentado escrito de alegaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada
autoridad de control, y según lo establecido en los arts. 47 y 48.1 de la LOPDGDD, la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para resolver
este procedimiento.
II
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales, en su artículo 4.11 define el consentimiento del
interesado como “toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e
inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una
clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
En este sentido, el artículo 6.1 del RGPD, establece que “de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por
consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o
una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
Por otro lado, el artículo 5 regula los principios relativos al tratamiento de los
datos personales estableciéndose que deberán ser:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado
(«licitud, lealtad y transparencia»);
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados
ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89,
apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se
considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»);
c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados («minimización de datos»);
d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas
razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que
sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»);
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e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos
personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos
siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo
89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas
apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y
libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»);
f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y
contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»).
El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo («responsabilidad proactiva»).
III
Se considera que de los hechos denunciados, es decir, la visualización de los
datos de la reclamante por parte de un tercero ajeno, permiten constatar que la
reclamada no ha podido garantizar la seguridad adecuada en el tratamiento de los
datos personales de la reclamante, incurriendo por ello en la vulneración del artículo
5.1 f) del RGPD, que rige los principios de integridad y confidencialidad de los datos
personales, así como la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento de
demostrar su cumplimiento.
IV
El artículo 72.1.a) de la LOPDGDD señala que “en función de lo que establece
el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y
prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial
de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:
a) El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías
establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679
V
El artículo 58.2 del RGPD dispone lo siguiente: “Cada autoridad de control
dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:
b) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con
apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en
el presente Reglamento;
d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de
tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda,
de una determinada manera y dentro de un plazo especificado;
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i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en
lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias
de cada caso particular;
VI
Esta infracción puede ser sancionada con multa de 20. 000. 000 € como
máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como
máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior,
optándose por la de mayor cuantía, de acuerdo con el artículo 83.5 del RGPD.
Asimismo, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo
con los siguientes criterios que establece el artículo 83.2 del RGPD:
Como agravantes los siguientes:
En el presente caso estamos ante acción negligente no intencional, pero
significativos identificados (artículo 83.2 b)
Se encuentran afectados identificadores personales básicos (nombre,
apellidos), según el artículo 83.2 g)
Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de
graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER a XFERA MÓVILES, S.A., con NIF A82528548, por una
infracción del Artículo 5.1.f) del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD, una
multa de 70.000 € (setenta mil euros).
SEGUNDO: ORDENAR a Xfera Móviles, S.A. con NIF A82528548, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 58.2 d) del RGPD, para que en el plazo de diez días proceda a
ordenar al responsable o encargado del tratamiento, que las operaciones de
tratamiento se ajusten a las disposiciones del RGPD.
TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a XFERA MÓVILES, S.A.
CUARTO: Advertir al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una
vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago
voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número
de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta
restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000, abierta a nombre de la Agencia
Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.. En caso
contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.
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Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se
encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el
pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si
se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del
pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la
presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art.
48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la
LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la
LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa
si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-
administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este
hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia
[https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/], o a través de alguno de los restantes
registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También
deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva
del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la
interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la
suspensión cautelar.
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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