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Procedimiento Nº: PS/00390/2019
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y
en base a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO: A.A.A. (en adelante, el reclamante) con fecha 11 de abril de 2019
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra B.B.B. con NIF ***NIF.1 (en adelante, la reclamada).
Los motivos en que basa la reclamación son la reutilización de papel con datos
personales, en concreto por utilizar la reclamada, en dos ocasiones, para convocar a
los inquilinos de un inmueble, un folio en cuyo reverso aparecen datos de terceros
referidos a procedimientos en los que la reclamada ha trabajado como abogada, de
manera que el uso de dichos documentos al contener datos de terceros por su
reverso, hace accesibles dichos datos a terceros, sin el consentimiento de los titulares
de dichos datos personales.
Junto a la reclamación se aporta copia de dos folios convocando a los inquilinos del
inmueble uno de fecha 20/08/2018 y otro de 13/02/2019.
En el reverso de ambos documentos pueden leerse nombre y apellidos de varias
personas, una de ellas menor de edad.
SEGUNDO: Tras la recepción de la reclamación, la Subdirección General de
Inspección de Datos procedió a realizar las siguientes actuaciones:
El 30 de mayo y 9 de julio de 2019, fue trasladada a la reclamada la reclamación
presentada para su análisis y comunicación al reclamante de la decisión adoptada al
respecto.
La reclamada no ha dado respuesta a ninguno de los requerimientos formulados por la
Agencia Española de Protección de Datos, siendo estos devueltos por correos,
alegando “ausente de reparto”.
TERCERO: Con fecha 13 de enero de 2020, la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador al reclamado, por la
presunta infracción del Artículo 32 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.4 del RGPD.
CUARTO: Notificado el mencionado acuerdo de inicio del presente procedimiento
sancionador se le otorga un plazo de audiencia de DIEZ DÍAS HÁBILES para que formule
las alegaciones y presente las pruebas que considere convenientes, de acuerdo con lo
preceptuado en los artículos 73 y 76 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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QUINTO: No habiendo formulado alegaciones ni presentado pruebas en el plazo dado,
se procede a dictar la presente resolución teniendo en cuenta los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: Reutilización de documentos con datos personales, en concreto por utilizar
la reclamada, en dos ocasiones, para convocar a los inquilinos de un inmueble, un
folio en cuyo reverso aparecen datos de terceros referidos a procedimientos en los que
la reclamada ha participado como abogada.
El uso de dichos documentos, para citarse con los arrendatarios de un inmueble, al
contener datos de terceros por su reverso, hace accesibles dichos datos a terceros,
sin el consentimiento de los titulares de dichos datos personales.
SEGUNDO: La AEPD ha notificado a la reclamada el acuerdo de inicio del presente
procedimiento sancionador, pero ésta no ha presentado alegaciones ni pruebas que
contradigan los hechos denunciados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada
autoridad de control, y según lo establecido en los arts. 47 y 48.1 de la LOPDGDD, la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para resolver
este procedimiento.
II
El artículo 6.1 del RGPD, establece los supuestos que permiten considerar
lícito el tratamiento de datos personales.
Por su parte, el artículo 32 del RGPD establece lo siguiente:
“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo,
que en su caso incluya, entre otros:
a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;
b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
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d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en
cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o
acceso no autorizados a dichos datos.
3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un
mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento
para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del
presente artículo.
4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que
cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y
tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo
instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros.”
III
Se considera que los hechos conocidos -reutilización de documentos en cuyo
reverso aparecen datos de terceros referidos a procedimientos en los que la
reclamada ha trabajado como abogada, permitiendo de este modo el acceso a datos
de terceros, sin el consentimiento de estos- son constitutivos de una infracción,
imputable a la reclamada, por vulneración del art. 32 del RGPD, transcrito en el punto
II que señala que “el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado”.
IV
El artículo 58.2 del RGPD dispone lo siguiente: “Cada autoridad de control
dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:
b) sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con
apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en
el presente Reglamento;
d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de
tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda,
de una determinada manera y dentro de un plazo especificado;
i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en
lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias
de cada caso particular.
El art. 83.4 del RGPD establece que “las infracciones de las disposiciones
siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas
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de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía
equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del
ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:
a) las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11,
25 a 39, 42 y 43;
b) las obligaciones de los organismos de certificación a tenor de los artículos 42 y
43;
c) las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4.”
Asimismo, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo
con los siguientes criterios que establece el artículo 83.2 del RGPD:
Como agravantes los siguientes:
En el presente caso estamos ante acción negligente no intencional, pero sobre
datos significativos que permiten la identificación de una persona (artículo 83.2
b)
Se encuentran afectados identificadores personales básicos (artículo 83.2 g)
Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de
graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada,
la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER a B.B.B., con NIF ***NIF.1, por una infracción del artículo 32 del
RGPD, tipificada en el artículo 83.4 del RGPD, una multa de 2.000 € (dos mil euros).
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a B.B.B..
TERCERO: Advertir al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una
vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago
voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número
de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta
restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000, abierta a nombre de la Agencia
Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK, S.A. En caso contrario,
se procederá a su recaudación en período ejecutivo.
Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se
encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el
pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si
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se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del
pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la
presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art.
48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la
LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición
ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la
LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa
si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-
administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este
hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos,
presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia
[https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/], o a través de alguno de los restantes
registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También
deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva
del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la
interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el
día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la
suspensión cautelar.
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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