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Procedimiento Nº: PS/00368/2020
RESOLUCIÓN R/00640/2020 DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO
VOLUNTARIO
En el procedimiento sancionador PS/00368/2020, instruido por la Agencia Española de
Protección de Datos a IBERDROLA CLIENTES, SAU, vista la denuncia presentada
por A.A.A., y en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 24 de noviembre de 2020, la Directora de la Agencia Española
de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a IBERDROLA
CLIENTES, SAU (en adelante, el reclamado), mediante el Acuerdo que se transcribe:
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Procedimiento Nº: PS/00368/2020
ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y en
base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: D. A.A.A. (en adelante, el reclamante) con fecha 24 de junio de 2020
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra IBERDROLA CLIENTES, SAU con NIF A95758389 (en
adelante, el reclamado).
El reclamante manifiesta que el pasado día 19 de junio de 2020 a las 19:55
horas recibió en su móvil una llamada telefónica realizada desde el número
***TELÉFONO.1 por un comercial informándole de que le iba a aplicar una oferta en
luz supuestamente de la empresa del reclamado. Solicitó el acceso y le contestaron
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que sus datos estaban incluidos en una base de datos. Inmediatamente después,
recibió otra llamada desde la línea ***TELÉFONO.2 intentando sonsacarle sus datos
personales.
Posteriormente, recibió dos llamadas el 22 de junio de 2020 desde la línea
***TELÉFONO.2 ofreciéndole nuevos descuentos en luz.
Aportando la siguiente documentación.
Justificante de la inscripción de la línea receptora ***TELÉFONO.3 en la Lista
Robinson, desde el 29 de marzo del 2010.
Factura telefónica que justifica la titularidad de la línea receptora.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la LOPGDD, que ha previsto un
mecanismo previo a la admisión a trámite de las reclamaciones que se formulen ante
la AEPD, consistentes en trasladarlas a los Delegados de Protección de Datos
designados por los responsables o encargados del tratamiento, a los efectos previstos
en el artículo 37 de la citada norma, o a éstos cuando no los hubiere designado, se dio
traslado de la reclamación a la entidad reclamada para que procediese a su análisis y
diera respuesta a la parte reclamante y a esta Agencia en el plazo de un mes.
Como resultado de este trámite, con fecha 12 de agosto de 2020, el reclamado
manifiesta que no tienen datos del reclamante en sus bases de datos.
Además, señala que el número ***TELÉFONO.2 no es de su titularidad ni se ha
utilizado para hacer campañas comerciales. Por el contrario, el número
***TELÉFONO.1 sí pertenece a uno de sus colaboradores de televenta. Han
consultado con ellos y les indican que la marcación debió producirse por un error
humano porque no aparece en sus campañas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
De conformidad con lo establecido en el artículo 84.3) de la Ley 9/2014, de 9
de mayo, General de Telecomunicaciones (LGT), la competencia para resolver el
presente Procedimiento Sancionador corresponde a la Directora de la Agencia
Española de Protección de Datos.
II
En el supuesto presente, se ha acreditado que el reclamante está incluido en la
Lista Robinson.
De conformidad con las evidencias de las que se dispone en el presente
momento de acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción, se considera que el reclamado ha contravenido el artículo
48.1 b) de la LGT, en relación con el artículo 21 del RGPD, y el artículo 23.4 de la
LOPDGDD, ya que el reclamante el pasado día 19 de junio de 2020 a las 19:55 horas
recibió una llamada comercial en su teléfono móvil personal procedente de uno de los
colaboradores de televenta del reclamado, tal como reconoce el reclamado en sus
manifestaciones a esta Agencia el 12 de agosto último, “que el número
***TELÉFONO.1 sí pertenece a uno de sus colaboradores de televenta. Han
consultado con ellos y les indican que la marcación debió producirse por un error
humano porque no aparece en sus campañas”.
Los hechos expuestos (la vulneración del derecho de oposición), podrían
suponer la comisión por parte del reclamado, de una infracción del artículo 48.1.b) de
la Ley LGT, recogido en su Título III, que señala que: “Respecto a la protección de
datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados, los usuarios
finales de los servicios de comunicaciones electrónicas tendrán los siguientes
derechos: (…) b) A oponerse a recibir llamadas no deseadas con fines de
comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos de los
establecidos en la letra anterior y a ser informado de este derecho”,
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Si bien, el citado artículo no configura tal derecho, por lo que debemos acudir a
las normas de protección de datos en las que se regula el derecho de oposición:
artículo 21 del RGPD, (Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27/04/2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que
respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos) y
artículo 23 de la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales).
Esta Infracción se encuentra tipificada como “leve”, en el artículo 78.11) de
dicha norma, que considera como tal: “El incumplimiento de las obligaciones de
servicio público, de las obligaciones de carácter público y la vulneración de los
derechos de los consumidores y usuarios finales según lo establecido en el Titulo III
de la Ley y su normativa de desarrollo”, pudiendo ser sancionada con multa de hasta
50.000 €, de acuerdo con el artículo 79.d) de la citada LGT.
III
De acuerdo con los preceptos indicados, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del procedimiento, a efectos de fijar el importe de la sanción a imponer en
el presente caso, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo
con los siguientes criterios que establece el artículo 80.1) y 2) de la LGT:
- La consideración de la situación económica del infractor, (punto 2).
Tras las evidencias obtenidas en la fase de investigaciones previas, se considera
que procede graduar la sanción a imponer en la cuantía de 10.000 € (diez mil euros).
Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto,
Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,
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SE ACUERDA:
PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR a IBERDROLA CLIENTES,
SAU con NIF A95758389, por la presunta infracción del artículo 48.1.b) de la Ley LGT
tipificada como “leve” en el artículo 78.11) de la citada Ley LGT en relación con el
artículo 21 del RGPD, y el artículo 23.4 de la LOPDGDD.
SEGUNDO: NOMBRAR como instructor a D. B.B.B. y, como secretaria, a Dña.
C.C.C., indicando que cualquiera de ellos podrá ser recusado, en su caso, conforme a
lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (LRJSP).
TERCERO: INCORPORAR al expediente sancionador, a efectos probatorios, la
reclamación interpuesta por el reclamante y su documentación, los documentos
obtenidos y generados, que forman parte del expediente.
CUARTO: QUE a los efectos previstos en el art. 64.2 b) de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
sanción que pudiera corresponder sería de 10.000 € (diez mil euros), sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción.
QUINTO: NOTIFICAR el presente acuerdo a IBERDROLA CLIENTES, SAU con NIF
A95758389, otorgándole un plazo de audiencia de diez días hábiles para que formule
las alegaciones y presente las pruebas que considere convenientes. En su escrito de
alegaciones deberá facilitar su NIF y el número de procedimiento que figura en el
encabezamiento de este documento.
Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el
mismo podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el
artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LPACAP, en caso de
que la sanción a imponer fuese de multa, podrá reconocer su responsabilidad dentro
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del plazo otorgado para la formulación de alegaciones al presente acuerdo de inicio; lo
que llevará aparejada una reducción de un 20% de la sanción que proceda imponer en
el presente procedimiento. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría
establecida en 8.000 € (ocho mil euros), resolviéndose el procedimiento con la
imposición de esta sanción.
Del mismo modo podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del
presente procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo
que supondrá la reducción de un 20% de su importe. Con la aplicación de esta
reducción, la sanción quedaría establecida 8.000 € (ocho mil euros), y su pago
implicará la terminación del procedimiento.
La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que
corresponde aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este
reconocimiento de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo
concedido para formular alegaciones a la apertura del procedimiento. El pago
voluntario de la cantidad referida en el párrafo anterior podrá hacerse en cualquier
momento anterior a la resolución. En este caso, si procediera aplicar ambas
reducciones, el importe de la sanción quedaría establecido en 6.000 € (seis mil euros).
En todo caso, la efectividad de cualquiera de las dos reducciones mencionadas
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
En caso de que optara por proceder al pago voluntario de cualquiera de las
cantidades señaladas anteriormente (8.000 o 6.000 euros), deberá hacerlo efectivo
mediante su ingreso en la cuenta nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000 abierta a
nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK,
S.A., indicando en el concepto el número de referencia del procedimiento que figura en
el encabezamiento de este documento y la causa de reducción del importe a la que se
acoge.
Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de
Inspección para continuar con el procedimiento en concordancia con la cantidad
ingresada.
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El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde
la fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio.
Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de
actuaciones; de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD.
Por último, se señala que conforme a lo establecido en el artículo 112.1 de la
LPACAP, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno.
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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SEGUNDO: En fecha 15 de diciembre de 2020, el reclamado ha procedido al pago de
la sanción en la cuantía de 6.000 euros haciendo uso de las dos reducciones
previstas en el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el
reconocimiento de la responsabilidad.
TERCERO: El pago realizado, dentro del plazo concedido para formular alegaciones a
la apertura del procedimiento, conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción y el reconocimiento de responsabilidad en relación con
los hechos a los que se refiere el Acuerdo de Inicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de
control, y según lo establecido en el art. 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
lo sucesivo LOPDGDD), la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
es competente para sancionar las infracciones que se cometan contra dicho
Reglamento; las infracciones del artículo 48 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84.3 de la LGT, y las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y
38.4 d), g) y h) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI), según dispone el artículo
43.1 de dicha Ley.
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II
El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), bajo la rúbrica
“Terminación en los procedimientos sancionadores” dispone lo siguiente:
“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la
improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el
órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos,
el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí.
Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación
del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado
reglamentariamente.
De acuerdo con lo señalado, la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la terminación del procedimiento PS/00368/2020, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a IBERDROLA CLIENTES, SAU.
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
936-031219
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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