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Procedimiento Nº: PS/00140/2021
RESOLUCIÓN R/00430/2021 DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO
VOLUNTARIO
En el procedimiento sancionador PS/00140/2021, instruido por la Agencia Española de
Protección de Datos a MASTER DISTANCIA S.A., vista la denuncia presentada por
A.A.A., y en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 14 de abril de 2021, la Directora de la Agencia Española de
Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a MASTER DISTANCIA
S.A. (en adelante, el reclamado), mediante el Acuerdo que se transcribe:
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Procedimiento Nº: PS/00140/2021
ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y en
base a los siguientes:
HECHOS
PRIMERO: D. A.A.A. (en adelante, el reclamante) con fecha 31 de enero de 2021
interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La
reclamación se dirige contra MASTER DISTANCIA S.A. con CIF A50715366 (en
adelante, el reclamado).
El reclamante manifiesta que el reclamado le reclama una deuda pendiente de pago,
pese a existir una solicitud de arbitraje frente a la misma ante la Junta Arbitral de
Consumo del Gobierno del Principado de Asturias, habiendo incluido sus datos
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personales en sistemas comunes de información crediticia. En su escrito de
reclamación, el reclamante no aportaba documento de admisión a trámite de la
solicitud de arbitraje, ni informe posterior de inclusión en sistemas de información
crediticia.
SEGUNDO: En fecha 1 de marzo de 2021, tras analizarse la documentación que
obraba en el expediente, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española
de Protección de Datos, acordando el archivo de la reclamación, al no apreciarse
elementos que permitieran investigar una vulneración de los derechos reconocidos en
el ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos.
TERCERO: En fecha 1 de marzo de 2021 el reclamado presentó un escrito, registrado
en esta Agencia en la misma fecha, en el que formula recurso de reposición a la
resolución, aportando al mismo nuevos elementos probatorios: documento que
acredita la admisión a trámite de su solicitud de arbitraje ante la Junta Arbitral de
Consumo del Gobierno del Principado de Asturias de fecha 11 de diciembre de 2020
frente a MASTER DISTANCIA, S.A., así como informe de inclusión en el sistema
ASNEF de fecha 24 de febrero de 2021 en el que sus datos personales figuran
inscritos por parte de la entidad reclamada.
Con fecha 31 de marzo de 2021 se estima el recurso de reposición interpuesto por el
reclamado contra la Resolución de esta Agencia dictada en fecha 1 de marzo de 2021.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de
control y según lo establecido en los artículos 47, 64.2 y 68.1 de la LOPDGDD, la
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para iniciar
este procedimiento.
II
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El artículo 58 del RGPD, “Poderes”, indica en su punto 2:
“2 Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes
correctivos indicados a continuación:
(…)
“i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en
lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias
de cada caso particular;”
III
El RGPD se ocupa en su artículo 5 de los principios que han de regir el
tratamiento de los datos personales, precepto que dispone:
“1. Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente con el interesado (<<licitud,
lealtad y transparencia
(…)
2. El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado 1 y capaz de demostrarlo (<<responsabilidad proactiva>>)”
(El subrayado es de la AEPD)
El artículo 4 punto 2) del RGPD define el “tratamiento” como “cualquier
operación o conjunto de operaciones realizado sobre datos personales o conjunto de
datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida,
registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación,
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier
otra forma de habilitación de acceso, (…)”
El artículo 6 del RGPD, “Licitud del tratamiento”, menciona en su apartado 1 los
supuestos en los que el tratamiento de datos de terceros es considerado lícito:
“1. El tratamiento sólo será lícito si cumple al menos una de las siguientes
condiciones:
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos;
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b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales;
(…)”
Paralelamente, la LOPDGDD, en su artículo 20, bajo la rúbrica de “Sistemas de
información crediticia” dispone:
“1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos
personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de
crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su
cuenta o interés.
b) Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya
existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por
el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas
vinculante entre las partes.
c) Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento
de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con
indicación de aquéllos en los que participe.
La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos
al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar
al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar
los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679
dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema,
permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
d) Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el
incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de
la obligación dineraria, financiera o de crédito.
e) Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser
consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual
con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera
solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o
facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la
legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario.
Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del
tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo
18.1.a) del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran
consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha
circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera
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ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.
f) Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o
éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya
consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.
2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del
tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de
corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por
el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.
Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para
la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud.
3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los
supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que
mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho
apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a
cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de
calificación crediticia.” (El subrayado es de la AEPD)
La infracción del artículo 6 del RGPD, en relación con su artículo 5.1.a) de la que
se responsabiliza al reclamado, se sanciona en el artículo 83.5 del RGPD que señala:
“Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo
con el apartado 2, con multas administrativas de 20.000.000 Eur como máximo o,
tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4% como máximo del
volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por
la de mayor cuantía:
a) Los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el
consentimiento a tenor de los artículos 5,6,7 y 9.”
Debe tenerse en cuenta, además, a efectos de prescripción de las infracciones,
que la LOPDGDD califica de infracciones muy graves las descritas en su artículo 72. 1
entre las que se incluye “a) El tratamiento de datos personales vulnerando los
principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679”
III
La documentación que obra en el expediente pone de manifiesto que el
reclamado vulneró el artículo 6.1 del RGPD.
La conducta del reclamado contraria al principio de licitud ha consistido en
comunicar a un sistema de información crediticia (el fichero ASNEF) una deuda que,
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respecto al supuesto deudor, el reclamante, no era cierta, ni vencida ni exigible. Así lo
establece, “a contrario sensu”, el artículo 20.1 de la LOPDGDD. El tratamiento ilícito de
los datos del reclamante, concretado en la inclusión en un fichero de solvencia sin
cumplir las condiciones que se requieren para que sea ajustada a Derecho, se inició el
24 de febrero de 2021, fecha de alta de la deuda en el fichero mencionado,
El reclamante ha aportado documento que acredita la admisión a trámite de su
solicitud de arbitraje ante la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno del Principado de
Asturias de fecha 11 de diciembre de 2020 frente a MASTER DISTANCIA, S.A., así
como informe de inclusión en el sistema ASNEF de fecha 24 de febrero de 2021 en el
que sus datos personales figuran inscritos por parte de la entidad reclamada.
Como dice con claridad el Considerando 40 del RGPD “..Para que el tratamiento
sea lícito, los datos personales deben ser tratados con el consentimiento del
interesado o sobre alguna otra base legítima establecida conforme a Derecho, ya sea
en el presente Reglamento o en virtud de otro Derecho de la Unión o de los Estados
miembros a que se refiera el presente Reglamento, incluida la necesidad de cumplir la
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento o la necesidad de ejecutar un
contrato en el que sea parte el interesado o con objeto de tomar medidas a instancia
del interesado con anterioridad a la conclusión de un contrato.”
IV
A fin de determinar la multa administrativa que procede imponer es preceptivo
acudir a las previsiones de los artículos 83.1 y 83.2 del RGPD, disposiciones que
establecen:
“Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas
administrativas con arreglo al presente artículo por las infracciones del presente
Reglamento indicadas en los apartados 4, 9 y 6 sean en cada caso individual
efectivas, proporcionadas y disuasorias.”
“Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de
cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el
artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j). Al decidir la imposición de una multa
administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:
a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la
naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate
así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y
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perjuicios que hayan sufrido;
b) la intencionalidad o negligencia en la infracción;
c) cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento
para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;
d) el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del
tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan
aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;
e) toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del
tratamiento;
f) el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner
remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;
g) las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;
h) la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción,
en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal
caso, en qué medida;
i) cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido
ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate
en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;
j) la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos
de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y
k) cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del
caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa
o indirectamente, a través de la infracción.”
Respecto al apartado k) del artículo 83.2 del RGPD, la LOPDGDD, artículo 76,
“Sanciones y medidas correctivas”, dispone:
“2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679
también podrán tenerse en cuenta:
a) El carácter continuado de la infracción.
b) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos
de datos personales.
c) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
d) La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la
comisión de la infracción.
e) La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión
de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.
f) La afectación a los derechos de los menores.
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g) Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de
datos.
h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter
voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos
supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier
interesado.”
De acuerdo con los preceptos transcritos, y sin perjuicio de lo que resulte de la
instrucción del procedimiento, a efectos de fijar el importe de la sanción de multa a
imponer en el presente caso a la entidad reclamada por la infracción tipificada en el
artículo 83.5.a) del RGPD de la que se responsabiliza al reclamado, en una valoración
inicial, se estiman concurrentes los siguientes factores:
- En el presente caso estamos ante una acción negligente grave (artículo 83.2 b)
- Se encuentras afectados identificadores personales básicos (nombre apellidos,
domicilio) (artículo 83.2 g)
El balance de las circunstancias contempladas en el artículo 83.2 del RGPD, con
respecto a la infracción cometida al vulnerar lo establecido en su artículo 6.1 del
RGPD permite fijar una sanción de 25.000 euros (veinticinco mil euros), considerada
como “muy grave”, a efectos de prescripción de la misma, en el 72.1.a de la
LOPDGDD.
Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto, por la Directora de la Agencia
Española de Protección de Datos,
SE ACUERDA:
1. INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR a MASTER DISTANCIA S.A. con
CIF A50715366, por la presunta infracción del artículo 6.1. del RGPD tipificada
en el artículo 83.5.a) del citado RGPD.
1. NOMBRAR como instructor a D. B.B.B. y como secretaria a Dña. C.C.C., indi-
cando que cualquiera de ellos podrá ser recusado, en su caso, conforme a lo
establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
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2. INCORPORAR al expediente sancionador, a efectos probatorios, la
reclamación interpuesta por el reclamante y su documentación anexa.
3. QUE a los efectos previstos en el art. 64.2 b) de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la sanción que pudiera corresponder sería de 25.000 euros
(veinticinco mil euros), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
4. NOTIFICAR el presente acuerdo a MASTER DISTANCIA S.A. con CIF
A50715366, otorgándole un plazo de audiencia de diez días hábiles para que
formule las alegaciones y presente las pruebas que considere convenientes.
En su escrito de alegaciones deberá facilitar su NIF y el número de
procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento.
Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el mismo
podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo
64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LPACAP, en caso de que la
sanción a imponer fuese de multa, podrá reconocer su responsabilidad dentro del
plazo otorgado para la formulación de alegaciones al presente acuerdo de inicio; lo
que llevará aparejada una reducción de un 20% de la sanción que proceda imponer en
el presente procedimiento. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría
establecida en 20.000 euros, resolviéndose el procedimiento con la imposición de esta
sanción.
Del mismo modo podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del presente
procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que
supondrá la reducción de un 20% de su importe. Con la aplicación de esta reducción,
la sanción quedaría establecida en 20.000 euros y su pago implicará la terminación del
procedimiento.
La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que corresponde
aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reconocimiento
de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido para formular
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alegaciones a la apertura del procedimiento. El pago voluntario de la cantidad referida
en el párrafo anterior podrá hacerse en cualquier momento anterior a la resolución. En
este caso, si procediera aplicar ambas reducciones, el importe de la sanción quedaría
establecido en 15.000 euros.
En todo caso, la efectividad de cualquiera de las dos reducciones mencionadas estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
En caso de que optara por proceder al pago voluntario de cualquiera de las cantidades
señaladas anteriormente, 20.000 euros o 15.000 euros, deberá hacerlo efectivo
mediante su ingreso en la cuenta nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000 abierta a
nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK,
S.A., indicando en el concepto el número de referencia del procedimiento que figura en
el encabezamiento de este documento y la causa de reducción del importe a la que se
acoge.
Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de
Inspección para continuar con el procedimiento en concordancia con la cantidad
ingresada.
El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses a contar desde la
fecha del acuerdo de inicio o, en su caso, del proyecto de acuerdo de inicio.
Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de
actuaciones; de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD.
Por último, se señala que conforme a lo establecido en el artículo 112.1 de la LPACAP,
contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno.
Mar España Martí
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SEGUNDO: En fecha 2 de junio de 2021, el reclamado ha procedido al pago de la
sanción en la cuantía de 20.000 euros haciendo uso de una de las dos reducciones
previstas en el Acuerdo de inicio transcrito anteriormente. Por tanto, no ha quedado
acreditado el reconocimiento de responsabilidad.
TERCERO: El pago realizado conlleva la renuncia a cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción, en relación con los hechos a los que se refiere el
Acuerdo de Inicio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de
control, y según lo establecido en el art. 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en
lo sucesivo LOPDGDD), la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
es competente para sancionar las infracciones que se cometan contra dicho
Reglamento; las infracciones del artículo 48 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General
de Telecomunicaciones (en lo sucesivo LGT), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 84.3 de la LGT, y las infracciones tipificadas en los artículos 38.3 c), d) e i) y
38.4 d), g) y h) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI), según dispone el artículo
43.1 de dicha Ley.
II
El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP), bajo la rúbrica
“Terminación en los procedimientos sancionadores” dispone lo siguiente:
“1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad,
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una
sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la
improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en
cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento,
salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la
indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el
órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos,
el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí.
Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación
del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
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El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado
reglamentariamente.”
De acuerdo con lo señalado, la Directora de la Agencia Española de Protección de
Datos RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la terminación del procedimiento PS/00140/2021, de
conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a MASTER DISTANCIA S.A..
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente
Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por
el art. 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de
la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la
referida Ley.
937-240719
Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos
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